Los proyectos diseñados para esta área buscan atender a las víctimas del conflicto armado en el Caribe colombiano, a través de procesos que busquen mejorar su situación de acceso y restitución de derechos y la reintegración de las comunidades en entornos de seguridad.

Así mismo se trabaja por la restitución de bienes y tierras de las comunidades víctimas del conflicto con proyectos productivos y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas.

Las víctimas del conflicto armado que han sufrido desplazamiento y violaciones graves de Derechos Humanos, desde el punto de vista de la legislación nacional e internacional en la materia, tienen por justicia, el derecho al acceso a la verdad, justicia y reparación integral.

En consecuencia, cada uno de los Departamentos que conforman la Región Caribe debe considerar, dentro de sus políticas públicas, un conjunto de respuestas integrales, oportunas y acordes a las necesidades de su población y a las demandas del contexto político regional, nacional y de la comunidad internacional. Esto en desarrollo del principio Constitucional de un Estado Social de Derecho, en donde prima, más allá de un conjunto normativo abstracto, la dignidad humana, integrada por aspectos morales y materiales.

Cabe recordar que la respuesta a esta problemática, además de su carácter estratégico en términos de desarrollo, constituye una responsabilidad para el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales, quienes deben entender la paz no solo como un derecho sino como un deber.

En este contexto, y a la luz de los deberes y derechos que emanan de la aprobación de la Ley 1448 de 2011 ó “Ley de Victimas”, se hace necesario construir una realidad distinta para la Región Caribe.

Partiendo de los aprendizajes de diversas experiencias y estrategias adelantadas por diferentes actores sociales e instituciones de la Región, se propone el diseño participativo y la implementación de herramientas que propicien el acceso a los derechos de la población afectada por el conflicto armado en la Región Caribe, donde la interlocución sea equilibrada entre la institucionalidad y la comunidad, y se puedan construir y concertar realidades, capacidades y respuestas.

Esta propuesta debe orientar y apoyar el proceso de incidencia de los entes territoriales y las organizaciones sociales en la reglamentación e implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, partiendo de las experiencias de los Programas de Desarrollo y Paz del Caribe – PDPs, el Programa Departamental de Atención Integral a Víctimas y Reintegración Comunitaria del Cesar – PAVIREC y otras iniciativas de la región.