¿Qué hicimos?

El origen de la violencia en el país, definitivamente, está ligado a la tenencia de la tierra.

Durante décadas la distribución inequitativa de este recurso ha generado conflictos que se han mantenido hasta nuestros días. Ni la Reforma Agraria de los años 30 ni la de los años  60 logró restablecer ese equilibrio.

La actual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como el proyecto de Ley sobre Tierras y Desarrollo Rural, le apuntan a solucionar este problema tan arraigado y aún sin resolver en el país.

Antecedentes:

Una de las principales causas del conflicto armado en Colombia ha sido la negligencia durante décadas para ejecutar políticas que logren alcanzar un desarrollo rural socialmente equilibrado; situación que ha conllevado a una exagerada concentración de la propiedad de la tierra y por lo tanto a una estructura de posesión de la tierra altamente desigual.

Es la primera vez, desde la truncada reforma agraria de los años 60, que un gobierno colombiano plantea la necesidad de lograr un desarrollo rural socialmente equilibrado como condición necesaria para llegar a una situación de postconflicto en el país. Parte de este objetivo se materializa por medio de la Ley 1448 sobre la reparación de víctimas y la restitución de tierras y con la propuesta de ley sobre tierras y desarrollo rural.

¿Y por qué es importante?

Para lograr la implementación y sortear la oposición, de alguna manera  previsible, a la Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) el Gobierno necesita el apoyo de los beneficiarios de esta política, es decir de la población rural en condiciones de pobreza.

Es allí donde es vital el papel de las redes organizadas, respaldadas por la población y suficientemente capacitadas para materializar los derechos que otorgan los espacios de participación y dinamizarlos con propuestas pertinentes, innovadoras y acordes con los requerimientos y aspiraciones de la población rural. Estas propuestas deben estar al mismo tiempo en armonía con las políticas públicas, tales como los programas de desarrollo rural con enfoque territorial y la implementación de la Ley 1448.

Además, la sociedad colombiana y especialmente la población rural que ha sufrido una violencia sistemática, requieren de una construcción de confianza con la institucionalidad, proceso que se logra a través del intercambio de ideas y propuestas y la discusión pacífica sobre los diferentes caminos que se pueden trazar para que la población supere condiciones de vida que en las zonas rurales aún están por debajo de los índices de bienestar.

El Proyecto:

Es así como surgió el proyecto “Construcción y Fortalecimiento de una  Red de Organizaciones para el Desarrollo Rural”,  que propuso la creación de una red pluralista, autónoma y sostenible, para representar los intereses de la población rural capacitándola , asesorándola y permitiendo su participación activa en los procesos de desarrollo rural, legalización, acceso y restitución de tierras; proyecto que se desarrolló a través de la Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana.

Como contraparte estratégica en la realización del proyecto se contó con un grupo integrado por líderes campesinos, hombres y mujeres, quienes fueron los gestores de la red de pobladores rurales y quienes recibieron  el apoyo financiero de la Cancillería Alemana desde el año 2011.

Este grupo gestor se ocupó de la realización del proyecto en 30 municipios de los Departamentos del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, a través de tres coordinadores y la conformación de 30 Comités locales cada uno integrado por 5 o 6 líderes en cada municipio.

El proyecto aportó al mejoramiento de las relaciones de confianza entre la población rural y las instituciones estatales encargadas del desarrollo rural.

¿Qué se propusó la red?

La RED de líderes rurales, conformada por más de 3000 campesinos y campesinas, vinculó diferentes actores e incluyó organizaciones con distintas visiones, para fortalecer el desarrollo rural de manera integral.

Igualmente, esta RED sirvió como herramienta de capacitación de los representantes de la población en los territorios de trabajo del proyecto en los temas desarrollo rural con enfoque territorial, legalización, acceso y restitución de tierras. Esto permitió un acompañamiento activo y crítico de la implementación de las políticas públicas y fomentación de su aplicación efectiva y justa.

Por último, la RED apoyó la sistematización de información relevante sobre reclamos legítimos a la propiedad de tierra en el nivel local para que el Ministerio de Agricultura pudiera acelerar el proceso de restitución de tierras y el Incoder la formalización de la propiedad.

¿Dónde trabajamos?

Se trabajó durante 15 meses en 6 territorios y 30 municipios de la Región Caribe de Colombia, como una prueba piloto que ahora se puede multiplicar más adelante en toda la Región Caribe y el resto del país.

El proyecto identificó las siguientes zonas para su radio de acción. Córdoba (Norte), Sucre (Sabana de Sucre y Zona Costera), Magdalena (Centro y Norte), y Bolívar (Norte, Centro y Montes de María), Atlántico (Centro parte Suroccidente y Zona Costera).

¿Qué se esperaba antes del proyecto?

La red tenía previsto participar en la formulación de una propuesta de desarrollo rural con enfoque territorial que permitiera incluir su planeación dentro de la agenda regional, y que a su vez esas propuestas fueran formuladas desde los requerimientos, necesidades y aspiraciones de los pobladores rurales como por ejemplo:

Articulación de demandas colectivas de infraestructura y servicios ante las autoridades locales y regionales.

Interacción con las autoridades para que cumplan con sus roles y funciones en la aplicación de la política de restitución de tierras y desarrollo rural.

Ayuda en las tareas de levantamiento de cartografía social para el reconocimiento de los derechos de posesión y canalización de los procesos de legalización y formalización de tierras.

Contribución a consensuar proyectos de desarrollo para la reactivación económica de las comunidades rurales.

Agenciar las aspiraciones de acceso a la tierra de aquellos campesinos que no la tenían o que contaban con derechos precarios.

Aumentar la seguridad al potenciar la protección recíproca entre vecinos y la cooperación con las fuerzas oficiales del Estado.

Dar mayor legitimidad a la política del Estado en lo que compete al desarrollo rural, la formalización y la restitución de tierras.