Objetivo general:

Realizar un proceso de evaluación de las condiciones y capacidades de respuesta institucional en las 8 Gobernaciones y Alcaldías de capitales departamentales de la Región Caribe, que facilite identificar los requerimientos y potencialidades para la implementación de la Ley de Víctimas a nivel territorial.

Objetivos específicos:

1.- Adelantar un proceso de análisis y recomendaciones, a partir de la evaluación de las condiciones y capacidades de respuesta institucional en las 8 Gobernaciones y Alcaldías de capitales departamentales de la Región Caribe, para la implementación de la Ley de Victimas a nivel territorial.
2.- Caracterizar la capacidad de respuesta institucional para la identificación, atención, protección y reparación de las víctimas de la violencia, en el marco del ejercicio de la gestión pública de las 8 Gobernaciones y Alcaldías en la Región Caribe, focalizadas para tal efecto.
3. Incorporar las propuestas de mejoramiento y fortalecimiento institucional para las entidades territoriales focalizadas en sus los Planes de Desarrollo 2012 – 2015; a partir de los hallazgos del proceso de evaluación de las condiciones y capacidades de respuesta de las mismas, para la implementación de la Ley de Víctimas.

Resultados esperados:

  • Se cuenta con un instrumento permanente y único de evaluación y análisis de la capacidad de respuesta institucional de las entidades territoriales públicas de los Departamentos del Caribe en la atención, protección y reparación de las víctimas de la violencia.
  • Se cuenta con una caracterización de la capacidad de respuesta institucional de las entidades públicas territoriales (Gobernaciones, Alcaldías y Concejos) de la Región Caribe en la atención, protección y reparación de las víctimas de la violencia.
  • Se ha construido un documento con recomendaciones para el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades institucionales en relación a la atención, protección y reparación de las víctimas de la violencia de la Región Caribe colombiana.
  • Se han socializado las recomendaciones finales ante organizaciones sociales de la Región Caribe, así como ante las entidades públicas territoriales a las cuales se les aplicó el instrumento de evaluación.